Reforma a la Guardia Nacional pasa al Senado con apoyo mayoritario

¡Buenas noticias de la Cámara de Diputados! Ayer, en una sesión intensa, se aprobó en lo general y en lo particular, con algunos ajustes, el dictamen que expide una nueva Ley de la Guardia Nacional. Esta ley, que ahora se enviará al Senado para su revisión, transforma a la Guardia en una fuerza de seguridad pública permanente, profesional y dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, con personal militar formado en tareas policiales.

El dictamen, impulsado por la presidenta de la República, obtuvo 349 votos a favor y 132 en contra en lo general, y 351 a favor con 124 en contra en lo particular, sin abstenciones. Además, abroga la ley anterior del 27 de mayo de 2019 y se alinea con la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024. Con 96 artículos organizados en siete títulos, la ley regula principios, organización, atribuciones y coordinación con estados y municipios.

Detalles clave de la nueva ley

La Guardia Nacional podrá integrar personal del Ejército, Fuerza Aérea y civiles de confianza. Su misión será garantizar la seguridad pública federal y, mediante convenios, apoyar temporalmente a estados y municipios para preservar la paz social y proteger derechos. Actuarán bajo principios como patriotismo, legalidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, con tareas que incluyen prevenir delitos, realizar inteligencia y operaciones encubiertas, siempre con control judicial.

La Secretaría de la Defensa Nacional, bajo instrucciones del Ejecutivo, se encargará de organizarla, equiparla y capacitarla. Su estructura incluirá una Comandancia liderada por un General de División designado por la Presidencia, coordinaciones territoriales y unidades específicas. Además, el Ejecutivo deberá enviar un informe anual al Senado sobre sus actividades.

Cambios y reformas aprobados

El dictamen también ajusta varias leyes, como la Orgánica de la Administración Pública Federal, para incluir a la Guardia bajo la Defensa Nacional, y la Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, limitando su uso a la seguridad pública. Se crean escalafones y se adaptan normas de educación, ascensos, seguridad social y disciplina, sometiendo a la Guardia a la jurisdicción penal militar por faltas en funciones policiales.

En lo particular, se aceptaron reservas para eliminar duplicidades (como la fracción XXXVIII del artículo 16) y aclarar roles, como flexibilizar el requisito de general para mandos o añadir una Coordinación de Asuntos Jurídicos. También se incorporaron temas como la protección ambiental y la perspectiva de género en la formación.

Voces en el debate

Diputados como María Josefina Gamboa (PAN) alertaron sobre vacíos en el Código de Justicia Militar, mientras Mary Carmen Bernal (PT) destacó la capacitación en proximidad social. Raúl Bolaños-Cacho (PVEM) propuso que la Guardia combata delitos ambientales, añadiendo: “Es necesario dotar de la protección de la Guardia Nacional a estos ‘pulmones que nos permiten respirar y vivir cada día’”. Martha Aracely Cruz (PT) abogó por un enfoque de género: “La adopción de un enfoque de derechos humanos, interseccionalidad y de perspectiva de género e interculturalidad por parte de la Guardia Nacional permitirá una actuación de seguridad pública más justa, equitativa, sensible y efectiva”.