Reforma judicial: México se prepara para elegir a sus jueces en las urnas
La Suprema Corte de Justicia ha validado finalmente la reforma judicial que permitirá a México elegir a sus jueces a través del voto popular. Esta decisión marca el cierre de un prolongado conflicto entre el oficialismo y la judicatura que mantenía al país en una tensión política. La resolución, tomada en sesión plenaria este 5 de noviembre, implica que, a partir del próximo año, miles de cargos judiciales, tanto a nivel federal como estatal, serán seleccionados por la ciudadanía.
El proyecto, impulsado inicialmente bajo la presidencia de López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum al frente del Gobierno, propone que jueces de distintos niveles, desde jueces de distrito hasta ministros de la Suprema Corte, sean elegidos en elecciones que se realizarán en 2025 y 2027. Sin embargo, un intento de limitar el alcance de la reforma, argumentado por el ministro Juan Luis González Alcántara, fue rechazado por cuatro votos en contra y siete a favor. Alcántara sugería que solo los cargos de mayor jerarquía fueran elegidos por voto, manteniendo a los jueces de distrito y magistrados de circuito en el sistema de ascensos de la carrera judicial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha estimado un costo de más de 13,200 millones de pesos para llevar a cabo este proceso sin precedentes en 2025. Esta reforma, respaldada por el oficialismo, argumenta la necesidad de renovar la judicatura ante los problemas de corrupción y privilegios que, según su postura, afectan el sistema judicial actual.
La propuesta de Alcántara también advertía sobre el impacto de esta reforma en la independencia judicial, ya que elimina garantías como la inamovilidad en el cargo y la protección frente al despido injustificado. A pesar de esto, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, junto al ministro Alberto Pérez Dayán, argumentaron que la Suprema Corte no tiene facultad para revertir enmiendas constitucionales, defendiendo que cualquier modificación debe provenir exclusivamente del Congreso.
La inesperada adhesión de Pérez Dayán a la postura oficialista permitió que se descartara el recurso de la oposición, sin entrar en el análisis de fondo. “No estoy, de ninguna manera, ajeno a las consecuencias que habrá de producir la reforma constitucional cuestionada”, expresó Pérez Dayán, quien señaló que es consciente del impacto que esta medida tendrá sobre la independencia judicial y la seguridad jurídica. Sin embargo, indicó que existen otras vías para abordar estos temas.
Con esta decisión, el camino para impugnar la reforma judicial queda cerrado, creando una nueva realidad institucional en el país para la que, muchos señalan, México aún no está preparado.
